En la foto, Nuestro querido OBISPO ¡¡SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO¡¡
La Secretaría de Derechos Humanos rindió un homenaje al Obispo Enrique Angelelli al cumplirse hoy 35 años de su asesinato en La Rioja, durante la última dictadura. Lo definió como "un incansable luchador por los Derechos Humanos", en un comunicado en el que recordó su trayectoria.
La investigación por el asesinato del Obispo Angelelli se reabrió luego de la declaración de inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final ya que en 1989, los altos jefes de las Fuerzas Armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por esas normas.
La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa ante el juzgado Federal de La Rioja.
Hoy, a 35 años de su fallecimiento, esa cartera emitió un comunicado recordando el compromiso de Angelelli con el pueblo.
En el texto, la secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde recordó que Angelelli nació en 1923 en Córdoba y a los quince años ingresó en el Seminario Metropolitano de esa provincia y en octubre de 1949 recibió la Ordenación Sacerdotal.
En 1960 fue designado por el Papa Juan XXIII, Obispo Titular de Listra y Auxiliar de Córdoba. Desde su ordenación, su constante preocupación por lo social le significó, en 1964, la exclusión del gobierno eclesiástico de la Arquidiósecis de Córdoba, por las tensiones generadas con la cúpula católica cordobesa.
Lo trasladaron a La Rioja el 24 de agosto de 1968 y a partir de enero de 1969 presidió la Misa Radial, a través de la cual se hacía eco de los múltiples problemas de los riojanos.
Los grupos católicos conservadores se resistieron a los cambios e iniciaron campañas en su contra.
En 1971, Angelelli impulsó un importante Movimiento Rural para el mejoramiento de la situación campesina que generó la enemistad del nuevo gobernador militar y de los hacendados. En septiembre de 1974, Angelelli viajó a Roma, donde le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de amenazados por la Triple A.
Sin embargo, el Obispo retornó a su Diócesis y planteó como ejes de trabajo para 1975: "caminar con y desde el pueblo, seguir actuando el Concilio y continuar la promoción integral de los riojanos".
A partir del golpe de estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la iglesia, en el marco de la represión desatada por la dictadura militar.
Angelelli denunció las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al Episcopado la persecución de la que era objeto la iglesia en La Rioja.
Reclamó por la vida e integridad de numerosos perseguidos políticos ante las autoridades militares, incluso ante el Comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien le advirtió al Obispo: "El que se tiene que cuidar es usted".
La represión se agudizó y fueron detenidos el Padre Eduardo Ruiz, de Olta y el Padre Gervasio Mecca, de Aimogasta.
Luego, fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias, de Chamical; y el 26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa, al laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta.
El 4 de agosto de 1976, Angelelli, junto al padre Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical. A la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida por un Peugeot 504 que le provocó el vuelco.
La policía encontró su cuerpo "prolijamente" depositado sobre la tierra, de espaldas y en cruz, y prohibió a los periodistas sacar fotos, mientras alejaba a la gente del lugar. La investigación judicial iniciada fue enseguida archivada.
En 1983, tras el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En 1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de Angelelli fue un "homicidio fríamente premeditado", debiéndose identificar a los autores.
En 1989, los altos jefes de las Fuerzas Armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por la Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Tras la declaración de inconstitucionalidad de dichas leyes y, posteriormente, de los indultos, la investigación por la muerte de Angelelli y las graves lesiones que sufriera el sacerdote Arturo Pinto, que lo acompañaba el día del atentado; fue reabierta y en la actualidad tramita ante el Juzgado Federal de la Provincia de La Rioja.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de la Rioja, la sobrina del obispo María Elena Coseano, Arturo Pinto y la ONG Tiempo Latinoamericano, y el Obispado de dicha provincia, actúan como parte querellante.
En la causa se encuentran procesados Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Edilio Cristóbal Di Cesare -que desde 1976 hasta 1977 ocupó paralelamente la jefatura de Logística del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 y de la policía de La Rioja-, y el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central en la dictadura riojana.
La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa ante el juzgado Federal de La Rioja.
Hoy, a 35 años de su fallecimiento, esa cartera emitió un comunicado recordando el compromiso de Angelelli con el pueblo.
En el texto, la secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde recordó que Angelelli nació en 1923 en Córdoba y a los quince años ingresó en el Seminario Metropolitano de esa provincia y en octubre de 1949 recibió la Ordenación Sacerdotal.
En 1960 fue designado por el Papa Juan XXIII, Obispo Titular de Listra y Auxiliar de Córdoba. Desde su ordenación, su constante preocupación por lo social le significó, en 1964, la exclusión del gobierno eclesiástico de la Arquidiósecis de Córdoba, por las tensiones generadas con la cúpula católica cordobesa.
Lo trasladaron a La Rioja el 24 de agosto de 1968 y a partir de enero de 1969 presidió la Misa Radial, a través de la cual se hacía eco de los múltiples problemas de los riojanos.
Los grupos católicos conservadores se resistieron a los cambios e iniciaron campañas en su contra.
En 1971, Angelelli impulsó un importante Movimiento Rural para el mejoramiento de la situación campesina que generó la enemistad del nuevo gobernador militar y de los hacendados. En septiembre de 1974, Angelelli viajó a Roma, donde le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de amenazados por la Triple A.
Sin embargo, el Obispo retornó a su Diócesis y planteó como ejes de trabajo para 1975: "caminar con y desde el pueblo, seguir actuando el Concilio y continuar la promoción integral de los riojanos".
A partir del golpe de estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la iglesia, en el marco de la represión desatada por la dictadura militar.
Angelelli denunció las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al Episcopado la persecución de la que era objeto la iglesia en La Rioja.
Reclamó por la vida e integridad de numerosos perseguidos políticos ante las autoridades militares, incluso ante el Comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien le advirtió al Obispo: "El que se tiene que cuidar es usted".
La represión se agudizó y fueron detenidos el Padre Eduardo Ruiz, de Olta y el Padre Gervasio Mecca, de Aimogasta.
Luego, fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias, de Chamical; y el 26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa, al laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta.
El 4 de agosto de 1976, Angelelli, junto al padre Arturo Pinto, retornaba a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical. A la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida por un Peugeot 504 que le provocó el vuelco.
La policía encontró su cuerpo "prolijamente" depositado sobre la tierra, de espaldas y en cruz, y prohibió a los periodistas sacar fotos, mientras alejaba a la gente del lugar. La investigación judicial iniciada fue enseguida archivada.
En 1983, tras el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En 1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de Angelelli fue un "homicidio fríamente premeditado", debiéndose identificar a los autores.
En 1989, los altos jefes de las Fuerzas Armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por la Leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Tras la declaración de inconstitucionalidad de dichas leyes y, posteriormente, de los indultos, la investigación por la muerte de Angelelli y las graves lesiones que sufriera el sacerdote Arturo Pinto, que lo acompañaba el día del atentado; fue reabierta y en la actualidad tramita ante el Juzgado Federal de la Provincia de La Rioja.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de la Rioja, la sobrina del obispo María Elena Coseano, Arturo Pinto y la ONG Tiempo Latinoamericano, y el Obispado de dicha provincia, actúan como parte querellante.
En la causa se encuentran procesados Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy, Luciano Benjamín Menéndez, Edilio Cristóbal Di Cesare -que desde 1976 hasta 1977 ocupó paralelamente la jefatura de Logística del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 y de la policía de La Rioja-, y el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical y figura central en la dictadura riojana.
FUENTE TIEMPO ARGENTINO
http://www.miradasalsur.com/
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