Año 4. Edición número 171. Domingo 28 de agosto de 2011
Por
Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal 
Apesar de toda la información disponible sobre su participación en el grupo de tareas parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto insiste en ser beneficiado con la pensión graciable que la Provincia de Buenos Aires otorga a los presos políticos y las víctimas del terrorismo de Estado. Esa pensión, que le fue otorgada a mediados del año pasado, fue anulada el 9 de septiembre de 2010 al conocerse que su detención, junto con otros miembros de la banda a fines de abril de 1976, no se debió a su supuesta condición de perseguido político por la dictadura –como alegó al hacer el pedido–, sino a su participación en una asociación ilícita cuyos miembros fueron condenados por la Justicia ordinaria a varios años de prisión por la comisión de una gran cantidad de robos.
En el dictamen revocatorio de la pensión la Secretaría de Derechos Humanos provincial explica con claridad que la anulación se realiza “en atención a la existencia de una sentencia judicial que señala una causa distinta de privación de la libertad a la alegada por el peticionante”. El informe que la Dirección de Administración Contable de la Secretaría de Derechos Humanos elevó a la titular del organismo, Sara Derotier de Cobacho, consigna que Fernández Supera y otros miembros de la banda fueron condenados el 23 de junio de 1980 en la Causa N° 715 “a la pena de cuatro años de prisión por ser autores responsables del delito de hurto de automotor, tenencia de arma de guerra e infracción del artículo 210 del código penal”. Es decir, por delitos comunes y no por ser perseguidos políticos.
En el dictamen revocatorio de la pensión la Secretaría de Derechos Humanos provincial explica con claridad que la anulación se realiza “en atención a la existencia de una sentencia judicial que señala una causa distinta de privación de la libertad a la alegada por el peticionante”. El informe que la Dirección de Administración Contable de la Secretaría de Derechos Humanos elevó a la titular del organismo, Sara Derotier de Cobacho, consigna que Fernández Supera y otros miembros de la banda fueron condenados el 23 de junio de 1980 en la Causa N° 715 “a la pena de cuatro años de prisión por ser autores responsables del delito de hurto de automotor, tenencia de arma de guerra e infracción del artículo 210 del código penal”. Es decir, por delitos comunes y no por ser perseguidos políticos.
Fernández Supera es, hasta ahora, el único integrante de la patota que demandó al Estado para intentar cobrar la pensión. No lo hicieron, en cambio, sus cómplices Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi, David Massota (Feiño), Ricardo Calvo (a) Richard, Juan Pedro Asaro, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Dardo Omar Quinteros y Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, quienes también iniciaron trámites para obtener el beneficio. Todos ellos y otros miembros del grupo de tareas de la CNU –menos Asaro– fueron detenidos por la Policía y el Ejército el 29 de abril de 1976 en La Plata, cuando venían de robar una casa en la localidad de City Bell y se aprestaban a irrumpir en el domicilio de Juan Carlos El Vaca Arias, un militante de la Alianza de la Juventud Peronista (AJP), para secuestrarlo.
Lea toda la nota completa de esta BANDA DE ASESINOS de ciudadanos, a los cuales VOLABAN CON DINAMITA una vez secuestrados, todo con la complicidad policial y politica del nefasto calabró, algunos todavia circulan impunemente la calle.
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